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Nuevo Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso

En el marco de las leyes habilitantes, se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.889 del 31 de julio de 2008, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Este nuevo instrumento legal es una fusión entre la anterior Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.930 de fecha 4 de mayo de 2004, y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el Consumo de los Alimentos o Productos sometidos a Control de Precios, publicado en Gaceta Oficial nº 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007. En consecuencia, ambas normas legales quedan derogadas por el nuevo Decreto-Ley.  


 


Dentro de las principales innovaciones que encontramos en el nuevo texto normativo, destacan las siguientes:


 


1.    Cambia la denominación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), el cual ahora se denomina Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). El instituto naciente pierde su carácter de instituto autónomo, quedando adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio.


2.    La aplicación del Decreto se extienden a toda la cadena de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios (es decir, fabricantes, importadores, productores, transportistas, distribuidores, almacenadores, y comercializadores). Asimismo, regulará todas las conductas de acaparamiento, boicot y especulación que puedan afectar el acceso a los bienes y servicios.


3.    Se definen los bienes y servicios de primera necesidad y se declaran de utilidad pública e interés social, los bienes necesarios para desarrollar cualquiera de las actividades de importación, producción, fabricación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos, bienes y servicios declarados de primera necesidad. Igualmente, se otorga al Ejecutivo la facultad de iniciar la expropiación de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos al nuevo Decreto, sin que medio para ello declaratoria previa de utilidad pública de la Asamblea Nacional.


4.    Se consagra la responsabilidad solidaria de todos los agentes de la cadena de producción, distribución y consumo en materia de protección de las personas en el acceso a los bienes y servicios.


5.    Se precisa la obligación de los proveedores que comercialicen bienes y servicios de naturaleza duradera, de poseer un servicio técnico y existencia de repuestos, durante un lapso mínimo de 10 años a partir de su comercialización. Asimismo, luego de recibido un reclamo, los proveedores están obligados a proceder a la reparación gratuita del bien dentro de los 7 días siguientes a la recepción del mismo, y en caso de no ser posible la reparación, deberá efectuarse la reposición del bien o la devolución de la cantidad pagada al valor actual, pues si existe negativa por parte del proveedor la autoridad competente podrá ordenar su cumplimiento y aplicar la sanción correspondiente.


6.    Por otro lado, en el marco de los derechos que tienen las personas contenidos en la nueva normativa, se consideran condiciones abusivas contra las mismas, entre otras, la imposición de precios sin que medie justificación económica para ello, el cobro de recargos cuando el medio de pago utilizado sea tarjeta de crédito, cheque, ticket o cupón de alimentación, etc. y la negativa y restricción (con o sin ocultamiento) a expender bienes y servicios de primera necesidad.


7.    En materia contractual se aplica el principio de interpretación más favorable al consumidor, quien cuenta con el derecho de retractarse por justa causa a los 7 días siguientes de celebrado el contrato o desde la recepción del producto o servicio. Así, se establece que todas aquellas cláusulas que vulneren los derechos de las personas, podrán ser anuladas a través de un acto administrativo, el cual deberá ser publicado en Gaceta Oficial.


8.    Para los proveedores que se valgan del comercio electrónico, como medio para suministrar bienes y servicios, tienen la obligación de conservar durante el plazo de 5 años, un registro de todas las transacciones que hayan realizado, así como también, conservar por ese mismo plazo los respaldos de seguridad que garanticen la confiabilidad de los pagos realizados. A estos mismos proveedores, se les establece la obligación de suspender en un plazo no mayor de 24 horas los mensajes electrónicos no deseados.


9.    También se introducen nuevas exigencias en materia de marcaje de bienes, el cual deberá hacerse por troquelado, sellado o tinta indeleble y de fácil lectura, quedando prohibida la utilización de declaraciones, impresión o etiquetas autoadhesivas que indiquen la fecha de vencimiento de un producto. No obstante ello, se permite la utilización de tecnología informática para el marcaje. A la par, se mantiene la obligación de los proveedores de bienes a informar las características de los mismos, siendo lo novedoso, la obligación que se les impone de indicar los porcentajes de los componentes o ingredientes contenidos en los bienes que se ponen a disposición de las personas.


10. En relación a las promociones, éstas deberán ser autorizadas por Indepabis. Para ello, deberá notificarse a dicho instituto 10 días antes a la publicación de la promoción. En dicha notificación deberá indicarse la fecha de duración de la promoción, en caso contrario, se entenderá que tendrá una duración mínima de 30 días. Es importante advertir, que cuando se anuncien descuentos sobre el PVP que excedan de los 3 meses, cesará toda campaña promocional y el precio descontado se considerará el nuevo PVP.


11. Se admite la participación popular a través de los Consejos Comunales, quienes actuarán por medio de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, y tendrán facultades de control, monitoreo, verificación y vigilancia, relativa al abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y de cualquier otra naturaleza de interés colectivo en toda la cadena de distribución, producción y consumo.


12. Se otorgan amplias facultades a los funcionarios de Indepabis para imponer medidas cautelares y realizar fiscalizaciones.


13. Existe un nuevo procedimiento, el cual limita los efectos de la fase conciliatoria, puesto que con la sola inasistencia de una de las partes, inmediatamente se inicia el procedimiento de sustanciación. Éste último, contempla una fase probatoria y termina con la decisión de Indepabis que imponga una multa o sobresea al denunciado.


Por último, el nuevo texto legal establece sanciones que podrán ir desde multas hasta el cierre definitivo de establecimientos comerciales, y, en el peor de los casos, contempla penas de prisión, cuya pena accesoria podría conllevar a la inhabilitación del comerciante en el ejercicio del comercio durante el plazo de 10 años.

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