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Sala Constitucional interpreta el artículo 266 Constitucional

 


 La sentencia Nº 1684 publicada en Gaceta Oficial Nº39.060 del 17 de Noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales reiteró el criterio sostenido en la sentencia Nº 1.309 del 19 de julio de 2001 (caso: Herman Escarrá), en donde se estableció que para realizar una interpretación constitucional debían cumplirse las siguientes condiciones: (i) formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, por mencionar algunas); y (ii) axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues señala que: "Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo".


Asimismo, la Sala realizó una cronología histórica del antejuicio de mérito, desde la Constitución de 1830, hasta la de 1999. Así pues, se comparó el ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución de 1999 con el ordinal 2 del artículo 215 de la Constitución de 1961, indicando que ésta última suprimió la referencia que hacía la Constitución de 1961 a los "delitos políticos", con lo cual se modificó el criterio para determinar el órgano jurisdiccional competente que deberá continuar conociendo de la causa una vez sea declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito. En este sentido, afirma la Sala sobre el ordinal 3 del artículo 266 que: "al omitir la referencia a los delitos  políticos, la conclusión  por argumento "a contrario sensu" es que el Constituyente dispuso que solo si el delito es común corresponderá a la Sala Plena el enjuiciamiento de los altos funcionarios comprendidos en el cardinal 3 del artículo 266; mientras que si se tratare de un delito de naturaleza política deberán seguir conociendo del juicio los tribunales ordinarios.


Sin embargo, estima la Sala que como el enunciado del ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución es inconsistente y existe en esa norma una laguna axiológica: "la sala debe rescatar la correcta redacción del artículo 215, cardinal 2 de la Carta de 1961, que es el precedente constitucional inmediato, pero que ratifica la tradición jurídica referida supra, y procede a integrar la laguna axiológica descrita (...)". Es decir, la Sala considera que en caso que el TSJ determine que hay mérito para el enjuiciamiento de los sujetos previstos en el ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución, deben remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.


SALA CONSTITUCIONAL INTERPRETA EL ARTÍCULO 266 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


Mediante sentencia Nº 1684 del 4 de noviembre de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nº39.060 del 17 de Noviembre de 2008,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretó el ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


 La sentencia Nº 1684 con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales reiteró el criterio sostenido en la sentencia Nº 1.309 del 19 de julio de 2001 (caso: Herman Escarrá), en donde se estableció que para realizar una interpretación constitucional debían cumplirse las siguientes condiciones: (i) formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, por mencionar algunas); y (ii) axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues señala que: "Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo".


Asimismo, la Sala realizó una cronología histórica del antejuicio de mérito, desde la Constitución de 1830, hasta la de 1999. Así pues, se comparó el ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución de 1999 con el ordinal 2 del artículo 215 de la Constitución de 1961, indicando que ésta última suprimió la referencia que hacía la Constitución de 1961 a los "delitos políticos", con lo cual se modificó el criterio para determinar el órgano jurisdiccional competente que deberá continuar conociendo de la causa una vez sea declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito. En este sentido, afirma la Sala sobre el ordinal 3 del artículo 266 que: "al omitir la referencia a los delitos  políticos, la conclusión  por argumento "a contrario sensu" es que el Constituyente dispuso que solo si el delito es común corresponderá a la Sala Plena el enjuiciamiento de los altos funcionarios comprendidos en el cardinal 3 del artículo 266; mientras que si se tratare de un delito de naturaleza política deberán seguir conociendo del juicio los tribunales ordinarios.


Sin embargo, estima la Sala que como el enunciado del ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución es inconsistente y existe en esa norma una laguna axiológica: "la sala debe rescatar la correcta redacción del artículo 215, cardinal 2 de la Carta de 1961, que es el precedente constitucional inmediato, pero que ratifica la tradición jurídica referida supra, y procede a integrar la laguna axiológica descrita (...)". Es decir, la Sala considera que en caso que el TSJ determine que hay mérito para el enjuiciamiento de los sujetos previstos en el ordinal 3 del artículo 266 de la Constitución, deben remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.


Ver: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1684-41108-2008-08-1016.html

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