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Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización

La Reforma a Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, entró en vigencia tras su publicación en Gaceta Oficial Nº 39.140 el 17 de marzo de 2009. Dentro de los cambios que plantea la reforma se encuentra la eliminación de la competencia exclusiva de los Estados en materia de conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y autopistas, así como, la eliminación de su competencia exclusiva en materia de Administración y mantenimiento de puertos y aeropuertos públicos de uso comercial. De esta forma, la competencia exclusiva de los Estados queda reducida a tres áreas: (i) organización, recaudación, control y administración del ramo de papel sellado, (ii) régimen, organización y explotación de piedras que no sean preciosas, y la organización, recaudación y control del respetivo impuesto; (iii) organización, recaudación y control de impuesto al consumo, no reservado al Poder Nacional. En este sentido, una de las particularidades más relevantes del nuevo texto es que en su nuevo artículo 14 transfiere la competencia a los Estados, no de forma exclusiva sino en coordinación con el Ejecutivo Nacional, sobre la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial


Por otra parte, la reforma consiente al Ejecutivo Nacional la intervención, en los términos de ley, de bienes y servicios públicos transferidos para su conservación, administración y aprovechamiento, con el objetivo de garantizar a los consumidores la satisfacción de las necesidades públicas. Asimismo, teniendo como propósito tutelar el interés general el Poder Público Nacional, podrá revertir por razones de mérito, estratégicas, de oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los Estados.



Por último, la reforma deroga la Ley Orgánica de Coordinación de la Inversión del Situado Constitucional o los Planes administrativos desarrollados por el Poder Público Nacional.

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