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Reforma de la Ley de Contrataciones Públicas

En Gaceta Oficial Nº 39.165 del 24 de febrero de 2009 se publicó la reforma parcial al Decreto-Ley Nº 5.929 de Contrataciones Públicas, quedando denominado ahora como Ley de Contrataciones Públicas. En este sentido, se distinguen los siguientes cambios:


1.Se  introduce como sanción a los contratistas que incumplan con las disposiciones de la Ley, la suspensión del Registro Nacional de Contratistas en los siguientes términos:


a.De tres a cuatro años de suspensión, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas en  (i) la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas; (ii) el ejercicio de recursos; (iii) o cualesquiera otros procedimientos previstos en la Ley.
b.De dos a tres años de suspensión cuando retiren ofertas durante su vigencia o, cuando siendo beneficiarios de la adjudicación, no suscriban el contrato o no constituyan la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
c.De dos a tres años de suspensión cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en la presente Ley, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
d.De cuatro a cinco años de suspensión cuando incurran en prácticas de corrupción.


En estos casos, la reforma no específica el órgano competente para determinar cuándo se ha incurrido en dolo, mala fe o prácticas fraudulentas. Tampoco, precisa en qué circunstancias se considerarán temerarios los recursos presentados contra actos o procedimientos de contratación, ni tampoco define ni precisa qué deberá entenderse por prácticas de corrupción, por lo cual, supletoriamente deberán considerarse como tal todas aquellas señaladas en la Ley Contra la Corrupción.


2.Cuando se trate de suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para las cuales se hayan aplicado modalidades de contratación, y estas hayan sido declaradas desiertas, los órganos contratantes quedan facultados para acudir a la contratación directa, ampliándose así los supuestos previstos en el texto anterior para esta modalidad.


3.Se flexibilizan los plazos para la manifestación de voluntad, los cuales de acuerdo a la complejidad de la obra o del suministro del bien o servicio, serán determinados por la Comisión de Contrataciones, ya no dentro de los lapsos establecidos en la Ley, sino dentro de un tiempo que no sea menor a los mismos, y que para cada modalidad son los siguientes:


a.Concurso Abierto: Seis días hábiles para bienes y servicios y nueve días hábiles para obras.
b.Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente: Veinte días hábiles.
c.Concurso Cerrado: Cuatro días hábiles para bienes y servicios, y seis días hábiles para obras.
d.Consulta de Precios: Tres días hábiles para bienes y servicios y cuatro días hábiles para obras.


4.Igualmente, quedó reformada la modalidad de publicación del llamado a Concurso Abierto y a Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. El llamado se realizará a través de la página web del organismo y deberá remitirse copia al Servicio Nacional de Contratistas. El llamado mediante la publicación en prensa, serán realizados excepcionalmente, previa autorización de la Comisión Central de Planificación, cambiándose así la modalidad prevista en el anterior régimen, en el cual la publicación en prensa era la regla.


5.Respecto a la modalidad de Consulta de Precios, la reforma precisa que la Unidad Contratante, independientemente del monto involucrado, será la encargada de estructurar todo el expediente y elaborar el informe de recomendación, que posteriormente, someterá a la máxima autoridad del órgano o ente contratante. Asimismo, para los casos que superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500UT) en el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios, y las diez mil unidades tributarias  (10.000 UT) para la ejecución de obras, se requerirá aprobación de la Comisión de Contrataciones.


6.Se suprimió, a los efectos de la formalización del contrato, la obligación de presentar documento en el cual se señale la fecha de inicio de la obra.


7.Por último, se elimina la previsión de la ley anterior de sancionar a los funcionarios públicos, según los ilícitos administrativos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

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