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Se prohíbe el cobro de IPC en el sector inmobiliario

En fecha 10 de junio de 2009 se publicó en Gaceta Oficial Nº 39.197 la Resolución Nº 110 emanada del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, que regula el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el sector inmobiliario. La resolución prohíbe el cobro de cuotas basadas en algún mecanismo de corrección monetaria, y en consecuencia, deja sin efecto las estipulaciones convenidas que contravengan esta disposición. Respecto a la nueva regulación encontramos importante precisar en tres etapas el cobro del IPC:


1. En relación al cobro del IPC antes del 10 de noviembre de 2008: Antes de esta fecha no existía disposición legal alguna que prohibiera expresamente las correcciones monetarias en el sector inmobiliario.


2. En relación al cobro del IPC después del 10 de noviembre de 2008: En esta fecha de acuerdo a la Resolución Nº 98, quedó expresamente prohibido el cobro de algún tipo de corrección monetaria, o ajuste por inflación, con posterioridad a la fecha fijada para la terminación de la obra o protocolización del documento. Asimismo, todo cobro que se haya efectuado por concepto de IPC o ajuste por inflación, entre el 10 de noviembre de 2008 y el 10 de junio de 2009, que haya sido cobrado después de la fecha convenida para la culminación de la obra o protocolización del documento, debe ser restituido íntegramente al comprador. Para ello, la nueva resolución admite dos vías de reintegro: en dinero en efectivo, o la imputación al monto adeudado.



3. En relación al cobro del IPC a partir del 10 de junio de 2009, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 110 tenemos lo siguiente:Se Prohíbe expresamente, el cobro de cualquier tipo de corrección monetaria en los contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas por construirse, en construcción, o ya construidos. En consecuencia, aquellos convenios que contemplaban estas acreencias quedan sin efecto.


Por otro lado, la misma Resolución contempla otras disposiciones que establecen lo siguiente:


a. La obligación para los productores de vivienda y hábitat, a indicar expresamente la fecha de culminación de la obra y protocolización del documento, no sólo en los contratos, sino también en sus promociones y publicidades.
b. En el caso de los contratos que para la fecha no hayan fijado término para la culminación de la obra y protocolización del documento de venta, deberán incorporar esta información dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la publicación de la Resolución.
c. Se prohíbe a los productores de viviendas incluir en los contratos disposiciones que permitan la terminación unilateral de los mismos, o prevean la posibilidad para los productores de abstenerse a protocolizar. No obstante, la Resolución admite estas situaciones cuando haya incumplimiento previo del contrato por parte de los compradores.
d. Paradójicamente, salvaguardando la competencia del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, se otorga competencia exclusiva al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, a través de la Dirección de Inquilinato,  para conocer de cualquier denuncia que tenga que ver con lo dispuesto en la Resolución.
e. La dirección de Inquilinato queda facultada para: recibir denuncias, realizar averiguaciones e inspecciones, a fin de determinar si existen elementos que conlleven la apertura de un procedimiento sancionatorio.
f. Por último, se deroga la Resolución Nº 98 del 10 de noviembre de 2008.

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